INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y ADICIONA UN CAPÍTULO Y DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

FEDERICO DÖRING CASAR, Senador de la República, LXI Legislatura al Congreso de la Unión, miembro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y ADICIONA UN CAPÍTULO Y DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, en materia de protección a los Derechos de Autor y Derechos Conexos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura es un bien universal que se constituye y acrecienta con el flujo e intercambio constante de diversas manifestaciones artísticas, estilos, idiosincrasia y nacionalidades, que constituyen el acervo cultural de la humanidad.

Diversos instrumentos jurídicos internacionales requieren a los Estados garantizar el derecho a la cultura y el derecho de autor, así como a brindar una adecuada protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de sus producciones científicas, literarias y artísticas.

La protección de los derechos de autor se encuentra reconocida en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores…para la producción de sus obras…”. En consecuencia, es obligación del Estado modernizar y/o actualizar el marco jurídico vigente, con el fin de hacerlo eficiente en beneficio de múltiples sectores de la población y de acuerdo a la evolución sistemática ocasionada por la evolución en la tecnología. Asimismo, la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce, en el artículo 1o., que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, así como la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas y sus emisiones.

Una importante parte de la cultura reside en las industrias culturales, protegidas por el derecho de autor, cuya relevancia reside en dos ámbitos: por un lado su aportación artística, cultural y social y, por otro, su aportación a la actividad económica.

No obstante su importancia, ese derecho está siendo continuamente acechado por diversos problemas; la más grave amenaza a la que se enfrentan hoy en día los titulares de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo es, sin  lugar a dudas, la violación en contra de los derechos de propiedad intelectual, conocida como “piratería”.

No olvidemos que las industrias creativas en México engloban actividades que van desde artesanía tradicional, libros, pintura, música y artes escénicas, hasta los sectores con uso intensivo de tecnología, como televisión, radio, Internet, animación digital, etc. contribuyendo aproximadamente al 6% del PIB del país, además que de acuerdo al informe “Creative Economy 2008” publicado en el año 2009 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  las industrias creativas de nuestro país, se ubican en el lugar número 5 de los 20 países de mayor exportación de bienes culturales a nivel mundial, siendo nuestro país el único de América Latina

La aparición de nuevas tecnologías ha favorecido un mayor acceso a formas de comunicación y el intercambio de información entre sociedades distintas. Dicho intercambio ha favorecido la difusión de obras artísticas mexicanas tales como trabajos literarios, música, fotografía, cinematografía y dibujos técnicos, tanto dentro de México como hacia el mundo, lo que ha beneficiado el conocimiento y el interés hacia nuestra cultura.

Sin embargo, justamente esas nuevas tecnologías han puesto al alcance de toda la gente herramientas de bajo costo que permiten reproducir con calidad digital cualquier obra u otra creación intelectual y transmitirla en fracción de segundos a cientos de miles de personas entrelazadas por medio de líneas telefónicas y computadoras personales, sin contar con la autorización de los titulares de los derechos respectivos. De tal manera, las innovadoras herramientas han originado nuevas modalidades de infracción a los derechos de autor que  ponen en riesgo la viabilidad y permanencia de industrias que durante años han contribuido al enriquecimiento cultural del país.

En el caso específico las conexiones alámbricas o inalámbricas de redes de una computadora o dispositivo que permite el acceso a una red, funcionaba originalmente como una relación usuario-servidor en la que a través de una conexión entre ambos se transmitía o intercambiaban datos. Con la evolución de la red y las tecnologías de la información, en la actualidad es posible que un usuario, desde su computadora personal, pueda actuar como servidor. Esto quiere decir que los usuarios pueden estar conectados entre sí o de par a par (P2P, por sus siglas en inglés) e intercambiar todo tipo de información entre ellos.

Como consecuencia de ese intercambio de información, constante y masivo, entre los millones de usuarios de las redes, la protección de obras y producciones artísticas se ha visto vulnerada, específicamente en lo concerniente a música, vídeo, películas, series de televisión, libros e imágenes o fotografías, entre otros.

Esa situación, que en nuestro país como en muchos otros del mundo se ha sumado a la piratería física, ha mermado de manera muy grave la industria de la cultura en México, inhibiendo la producción y actuando en detrimento de esa actividad que no sólo es importante en términos económicos, sino que además contribuye a la construcción de nuestra identidad cultural y artística.

Durante la última década, el número de personas con acceso a la red en el mundo aumentó en 380%. En nuestro país, el 26% de la población, es decir casi 30 millones de mexicanos, tienen acceso a la red, lo que coloca a México como el segundo país de Latinoamérica -solamente por debajo de Brasil-, con mayor número de usuarios.

Asimismo, un estudio de mercado realizado por la empresa IPSOS Media CT a finales de 2010, arrojó como resultado que en el país existen más de 26 millones de internautas que usan redes P2P y cyberlockers; estos últimos son los servicios de almacenamiento digital que permiten a los usuarios cargar y almacenar todo tipo de archivos, incluido el material con derechos de autor.

A través de dichas herramientas se descargan al año sin autorización de los respectivos titulares de derechos de autor y derechos conexos, más de 5,788 millones de canciones, 648 millones de videos musicales, 96 millones de películas, 28 millones de series de tv, 88 millones de e-books y 1,702 millones de imágenes, entre otros contenidos protegidos, de acuerdo al mismo estudio.

Ahora bien, como consecuencia de la puesta a disposición llevada a cabo sin autorización de sus respectivos titulares, se encontraron en el entorno digital 7,539 millones de canciones, 465 millones de videos musicales, 47 millones de películas, 24 millones de series de tv, 107 millones de e-books y 1,074 millones de imágenes, lo que claramente afecta la normal explotación de éstas obras, ya que han sido compartidas entre particulares, afectando gravemente a las industrias creativas en nuestro país.

El vacío legal existente en México, en lo que refiere al entorno digital, ha causado repercusiones en los derechos de diferentes sectores de la sociedad mexicana, siendo la afectación más evidente la violación de derechos de autor y derechos conexos.

De un total de 30 millones de usuarios de la red, 26 millones descargan ilegalmente contenidos protegidos por los derechos de autor de manera frecuente. Se hace evidente así, la falta de un marco jurídico que permita que las ventajas de las innovaciones tecnológicas no signifiquen pérdidas de empleos, productividad, ni la violación de los derechos elementales de quienes consagran su vida a la creación artística y cultural en todos sus ámbitos.

Por ejemplificar de manera sencilla esta situación, si encontramos que se comparten más de siete mil millones de canciones mediante a la puesta a disposición, y a esa cantidad le hacemos una división de 10 canciones por fonograma, tenemos entonces que existen 700 millones de fonogramas disponibles para descargar sin que exista un ánimo de lucro, pero esto ocasiona indudablemente una afectación a la normal explotación de la obra y una competencia imposible de vencer para los titulares de derechos.

La industria fonográfica en este caso, no puede competir contra particulares que comparten sus producciones a un precio cero, es imposible lograr un crecimiento económico ante un competidor que regala el producto de los titulares, gracias a las facilidades y bondades de la tecnología aún y cuando la industria tiene en la actualidad modelos de negocios que equivalen a más de 15 sitios de internet en México que cuentan con las licencias respectivas de los titulares de derechos. Todo esto sin tomar en cuenta la afectación que dichas conductas le ocasionan al erario ya que se deja de percibir una cantidad considerable por concepto de los impuestos que se ocasionarían si todo ese intercambio se realizará por los canales o conductos autorizados de explotación.

Debe observarse con preocupación que el crecimiento del número de usuarios en nuestro país está íntimamente relacionado con el aumento de archivos descargados sin la autorización de los titulares en la red, lo que provoca importantes perjuicios en contra de los titulares de derechos de autor y derechos conexos con irreparables consecuencias para la industria cultural ya que, además, los daños se van incrementando año con año de manera exponencial.

Es importante subrayar que los daños causados por la puesta a disposición de contenidos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor no sólo afectan bienes jurídicos personales, pues la afectación no se limita al titular de los derechos de autor y conexos, sino que daña a la economía del país en general. En tal sentido, las violaciones a su normativa en muchas ocasiones son de naturaleza mixta, pues no sólo afectan derechos económicos sino también de índole moral. La falta de protección y de mecanismos ágiles para hacer cumplir la ley, contribuye a generar un desanimo en la creación y en la inversión de nuevas obras.

La descarga, el intercambio de archivos y la puesta a disposición de contenidos en el entorno digital sin contar con la autorización de los titulares de los derechos respectivos han proliferado de manera impune ante la falta de regulación para la protección en medios digitales de los derechos de autor y conexos. La carencia de un marco jurídico adecuado y de mecanismos de impartición de justicia eficientes ha contribuido a limitar el crecimiento del mercado digital de música, películas y libros, impidiendo la generación de alicientes a la creación artística, además de reducir el número de fuentes de empleo formal en la industria de la cultura.

El problema de la puesta a disposición de contenidos, sin autorización y las descargas ilegales no es exclusivo de México; por el contrario, se presenta a nivel global, lo que ya ha llevado a varios países a instrumentar políticas públicas para enfrentarlo, incluyendo la adopción de leyes más estrictas. Entre los países que han tomado medidas relevantes destacan entre otros: Corea del Sur, Francia, España, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Colombia, Chile y Taiwán.

Por ello, la presente iniciativa intenta inhibir las conductas de puesta a disposición de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, mismas que por su cantidad y volumen, aún sin contar con un ánimo de lucro directo o indirecto, o una ganancia a escala comercial, afectan la normal explotación de la obra en el entorno digital.

Esta iniciativa tiene el objetivo de disuadir estas conductas, respetando plenamente los derechos fundamentales, los derechos de privacidad de los usuarios en el entorno digital, la libertad de expresión y protegiendo los derechos de los titulares, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, videogramas y organismos de radiodifusión.

En México, para atender el problema de la piratería física ya se han aprobado en esta misma tribuna, reformas al marco jurídico para dotar mayores facultades a la autoridad de procuración de justicia; no obstante, en el ámbito de la piratería digital, debido al avance tecnológico,no se han hecho acciones reales para combatirla.

Ante ello, es necesario tomar en cuenta que las Leyes deben ser actualizadas en la medida en que las realidades sociales, siempre cambiantes, así lo reclamen, para que en esas Leyes se puedan salvaguardar efectivamente los intereses de la colectividad. No hay duda que uno de esos intereses es la preservación de la Cultura Mexicana, la cual se ve seriamente amenazada por la llamada “piratería” en la red.

La Ley Federal del Derecho de Autor es el ordenamiento jurídico que tutela los derechos que asisten a los autores, a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y de videogramas y a los organismos de radiodifusión, entre otros sujetos protegidos.

Ante el grave daño que causa la descarga de obras mediante el intercambio de archivos P2P, almacenamiento y reproducción de obras no autorizadas, es procedente incorporar a las limitaciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, aquellas disposiciones que protejan la explotación normal de la obra y no causar un perjuicio a los titulares de derechos de autor y derechos conexos. 

Corresponde al Estado proteger los derechos de autor y conexos, así como prevenir y sancionar el daño que se genere a  éstos,  ya que se trata de privilegios exclusivos que tienen conferidos a través de nuestra Constitución, en la propia Ley Federal del Derecho de Autor y en diversos instrumentos internacionales ratificados por México.

Es importante agregar que, en materia de derechos de autor, México forma parte de diversos instrumentos internacionales, entre ellos los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), relativo a Derechos de Autor y sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, así como del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los cuales contienen disposiciones legales encaminadas a exigir a los estados miembro que establezcan normas jurídicas que permitan un combate eficaz y ágil en contra de los ilícitos en materia de la propiedad intelectual. La suscripción de dichos instrumentos internacionales imponen a nuestro país el compromiso de adoptar, dentro de la legislación interna, medidas para hacer efectiva la protección de los derechos de autor, considerando dentro de éstas la existencia de procedimientos prontos y expeditos para cumplir con esos objetivos.

Asimismo existen diversos instrumentos signados por México y ratificados por el Senado de la República, relevantes para el tema que nos ocupa, destacan entre otros, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas el cual señala que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma y que las legislaciones nacionales tienen la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora y establece que entre las medidas que los Estados Partes deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de ese derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

El Tratado entre México y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, así como el Tratado del Libre Comercio de América del Norte y aquellos que México ha firmado con Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, Venezuela, entre otros,  reflejan la absoluta voluntad de nuestro país de permitir el goce pleno de los derechos de los titulares de derechos de autor y derechos conexos y autorizar limitaciones sólo cuando no afecten la explotación normal de las obras ni ocasionen un perjuicio a los intereses de los titulares.

En ese tenor, no sólo es conveniente sino que además constituye una obligación internacional de México el adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de autor y conexos en todas las situaciones. 

Es también importante resaltar que la presente iniciativa se enmarca en el reconocimiento de que hoy en día la red se ha convertido en el principal medio de intercambio de información y comunicación, por lo que es tarea del Estado garantizar el acceso a esta herramienta en un contexto en el cual se garantice y proteja el pleno disfrute del derecho a la intimidad y la privacidad personal. 

El Estado también garantizará, en todo momento, el acceso a Internet libre y sin obstáculos de ningún tipo, evitando prácticas prohibitivas, como restricciones o censura, protegiendo derechos fundamentales de los usuarios de servicios de Internet como acceso para todos, libertad de información y asociación, acceso al conocimiento e intercambio de aprendizaje y creación.

La intervención de la autoridad sólo tendrá lugar bajo las condiciones previstas por esta Ley en los casos en que exista alguna violación del derecho de autor y conexos, evitando de esta manera la ilegalidad y garantizando el derecho de acceso de los usuarios de Internet sin violar otros derechos.

Para tales efectos se propone, en primer lugar, reformar los artículos 27, fracciones I y IV; 131, fracción I; añadir un artículo 151 bis; modificar el artículo 231, fracciones III y X; y la adición de los artículos 232 bis y bis 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En el artículo 27 fracción I se plantea, sobre los titulares de los derechos patrimoniales, que estos tengan la posibilidad de autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuadas en medios digitales. Subrayamos la importancia de utilizar la palabra digital y no internet ya que no existe una definición estandarizada, además de que limitaría a esa red de telecomunicaciones la aplicación de estas disposiciones. En contraste, el entorno digital es un término ampliamente utilizado en tratados internacionales de los que México forma parte en materia de Derechos de Autor, siendo distinto el entorno digital que el medio electrónico. En el mismo artículo en su fracción IV, se pretende enfatizar que los titulares de los derechos patrimoniales tengan la posibilidad de autorizar o prohibir la distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad sin importar los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación y se ha incluido la puesta a disposición del público; tanto para evitar erróneas interpretaciones jurisdiccionales que violenten el pleno ejercicio del derecho patrimonial, para ir acorde a los compromisos establecidos por nuestro país al establecer en nuestra legislación ciertos conceptos establecidos por los Tratados Internacionales Administrados por la OMPI como lo son el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas.

De igual forma, con la finalidad de que se haga una correcta interpretación de la Ley, se propone la reforma del artículo 131 fracción I para que los productores de fonogramas tengan el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta y la puesta a disposición de los mismos. Con esta adecuación igualmente se complementa al añadir este concepto establecido por los Tratados Internacionales Administrados por la OMPI como lo son el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas.

La adición del artículo 151 bis tiene como objetivo establecer que la puesta a disposición, debido a su naturaleza en el entorno digital, puede afectar la normal explotación de la obra, y por ende, los derechos de sus respectivos titulares, aún y cuando no se persiga un lucro directo

Asimismo, se propone la reforma del artículo 231 en sus fracciones III y X, la cual consideraría que poner a disposición copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, por cualquier medio y en cualquier soporte material, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, constituiría una infracción en materia de comercio. Es por ello que la fracción X debe incorporarse que las infracciones se hacen de conformidad con las obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

La creación de los artículos 232 bis y 232 bis 1 tienen la finalidad, el primero, de conceptualizar que se entiende por infracción en contra de la explotación normal de la obra mediante la puesta a disposición, y el segundo, establecer la sanción administrativa aplicable por esta conducta.

En segundo lugar, se propone la adición de los artículos 202 bis, 202 bis 1, 202 bis 2, 202 bis 3, 202 bis 4, 202 bis 5 y 202 bis 6 de la Ley de Propiedad Industrial, para crear un procedimiento de notificaciones en internet respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra. Así, se faculta al IMPI para notificar a los usuarios de internet que cometan una infracción en contra de la explotación normal de la obra de conformidad con lo previsto en esta Ley. Del mismo modo, se faculta al Instituto para poder iniciar el procedimiento de oficio o a petición de parte, y  se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda manifestar, de forma  escrita ante el Instituto, la existencia de causales para iniciar el procedimiento de notificaciones de oficio; de considerarlo procedente, el Instituto podrá utilizar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento.

La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante.

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.

III.- Información que identifique la dirección IP del presunto infractor.

IV.- El objeto de la solicitud, incluyendo la descripción precisa de las obras literarias o artísticas, producciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas  posiblemente infringidas, incluyendo su ubicación en las redes o servicios del proveedor.

V.- Información del Proveedor de servicio de Internet en el cual se presume se ha cometido la infracción.

VI.- La descripción de los hechos.

VII.- Los fundamentos de derecho.

Para el procedimiento de notificaciones respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra, el titular del derecho afectado, directamente, a través de su apoderado legal o en su caso la sociedad de gestión colectiva que lo represente, podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial que notifique al proveedor de servicios de valor agregado una infracción. El proveedor de servicios a su vez proporcionará, dentro de un plazo de tres días, la información de identificación de la dirección IP que presuntamente ha cometido la conducta infractora.

Una vez recibida la información del proveedor de servicio de internet, el Instituto notificará por cualquier medio al usuario titular de la cuenta correspondiente de la posible infracción. El usuario titular de la cuenta de servicio de valor agregado tendrá un plazo de 3 días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud planteada en su contra. Transcurrido el plazo otorgado para que el usuario manifieste lo que a su derecho convenga, el Instituto resolverá de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

Este sistema de notificaciones se contempla tomando en cuenta la naturaleza del entorno digital y  por la naturaleza de las infracciones cometidas, es importante llevar a cabo un procedimiento expedito que permita disuadir e inhibir la puesta a disposición de contenidos protegidos por el Derecho de Autor en el entorno digital.

En tercer lugar, se propone la adición de las fracciones IV y V al artículo 2 del Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial, para establecer los conceptos de Proveedor de Servicios de Internet y Dirección IP, términos que se utilizan en la propuesta de reforma en cuestión y que son necesarios para una correcta interpretación e identificación de dichos conceptos. Cabe destacar que los mismos se han tomado del Glosario utilizado por la Asociación Mexicana de Internet.

En cuarto lugar, se modifica la fracción II del artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se adiciona la fracción XXII del mismo artículo para otorgarle facultades a dicha autoridad administrativa para que sea competente en el procedimiento planteado y para que tenga facultades específicas para requerir información a los proveedores de servicios de internet o de valor agregado con la finalidad de recabar la información necesaria para realizar las notificaciones procedentes.

En virtud de lo anterior, es necesario establecer reglas claras para dar certeza jurídica tanto a los autores, como a los titulares de derechos conexos, como a la industria en general, así como a quienes acceden a sus contenidos. De no hacerlo, las nuevas tecnologías pueden devastar el espíritu creador de quienes se entregan a estas expresiones. Y que sin duda alguna son un motivo de orgullo nacional que representan la identidad de nuestro pueblo a nivel internacional y sin fronteras gracias a la tecnología vigente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 27, fracciones I y IV; 131, fracción I; añadir un artículo 151 bis; modificar el artículo 231, fracciones III y X; y la adición de un Capítulo III y los artículos 232 bis y bis 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor:

CAPÍTULO III

DE LAS INFRACCIONES EN CONTRA DE LA EXPLOTACIÓN NORMAL DE LA OBRA.

Artículo 232 bis. Se entiende por infracciones cometidas en contra de la explotación normal de la obra aquellas conductas realizadas por personas físicas, que mediante la conexión alámbrica o inalámbrica de red de una computadora o dispositivo que permite el acceso a una red, realizan por sí o a través de terceros, la puesta a disposición de  copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

Artículo 232 bis 1.- Las infracciones cometidas en contra de la explotación normal de la obra prevista en la presente Ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa:

De treinta hasta veinte mil días de salario mínimo

SEGUNDO. Se adicionan un Capítulo IV y los artículos 202 Bis, 202 Bis 1, 202 Bis 2, 202 Bis 3, 202 Bis 4, 202 Bis 5 y 202 Bis 6 a la Ley de Propiedad Industrial:

TITULO SEXTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES RESPECTO DE LAS INFRACCIONES EN CONTRA DE LA EXPLOTACIÓN NORMAL DE LA OBRA.

Artículo 202 Bis.- El Instituto podrá notificar a toda persona que cometa una infracción en contra de la explotación normal de la obra, de conformidad a lo dispuesto por este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 202 bis 1.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de oficio o a petición de parte. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de notificaciones de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Artículo 202 bis 2.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Información que identifique la dirección IP del presunto infractor;

IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos, incluyendo la descripción precisa de las obras literarias o artísticas, producciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas  posiblemente infringidas, incluyendo su ubicación en las redes o servicios del proveedor, y

V. Información del Proveedor de servicio de Internet que ofrece el servicio de valor agregado en el cual se presume se ha cometido la infracción.

VI. La descripción de los hechos, y

VII. Los fundamentos de derecho.

Artículo 202 Bis 3  En los casos del procedimiento de notificaciones respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra,  el titular del derecho afectado, directamente, a través de apoderado legal o en su caso la sociedad de gestión colectiva que lo represente, podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial que notifique al proveedor de servicios de valor agregado, quien a su vez proporcionará, dentro de un plazo de tres días, la información de identificación de la dirección IP que presuntamente ha cometido la conducta infractora.

Artículo 202 Bis 4. Una vez recibida la información del proveedor de servicio de internet, el Instituto notificará fehacientemente por cualquier medio al usuario  titular de la cuenta correspondiente,  acerca de la posible infracción.

Artículo 202 Bis 5. El usuario titular de la cuenta de servicio de valor agregado tendrá un plazo de 3 días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud planteada en su contra.

Artículo 202 bis 6.- Transcurrido el plazo otorgado para que el usuario manifieste lo que a su derecho convenga el Instituto resolverá de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 207 bis 7.- El Instituto solicitará la cooperación de las instancias internacionales correspondientes que sean necesarias para llevar a cabo el procedimiento a que se refiere este capítulo en caso de que se dé un elemento internacional en la constitución de la infracción.

TERCERO. Se adicionan las fracciones IV y V al artículo 2 del Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2o.- Además de las definiciones previstas en el artículo 3o. de la Ley de la Propiedad Industrial, para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I.- Gaceta: la Gaceta de la Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 8o. de la Ley;

II.- Ley: la Ley de la Propiedad Industrial, y

III.- Secretaría: la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

IV. Proveedor de servicio de Internet: Persona que ofrece un servicio de valor agregado proporcionando acceso a Internet a terceros.

V.- Dirección IP.- Dirección que representa usualmente mediante notación decimal separada por puntos la identificación de una computadora o dispositivo móvil de forma inequívoca.

CUARTO. Se modifica la fracción II del artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se adiciona la fracción XXII del mismo artículo.

CAPÍTULO III

DE LAS DIRECCIONES DIVISIONALES

ARTÍCULO 14. Compete a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual:

I.

II. Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, procedimiento de notificaciones respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra; emplazar a los presuntos infractores; substanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley y la Ley Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones administrativas que procedan conforme a dichas leyes;

III. …

IV a XXI

XXII.- Requerir información y datos a los proveedores de servicios de internet o prestadores de servicio de valor agregado, con la finalidad de allegarse de todos aquellos medios de prueba que permitan determinar la identidad del posible infractor en contra de la explotación normal de la obra.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal deberá modificar en lo conducente el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en un plazo que no excederá los noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Senado de la República, 15 de diciembre de 2011.

Atentamente,

SEN. FEDERICO DÖRING CASAR